SECTOR AGRARIO Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN EN PUNTO CIEGO

LA LEGALIDAD TRIBUTARIA BAJO LA LUPA.

Compendio informativo Juan Carlos Acuña

Advertencia: El presente se desarrolla sobre consideraciones generales y noticias publicadas hasta la fecha pues no se ha accedido al texto de la acción promovida ni se conoce aún resolución judicial relacionada.

La noticia de la interposición de acción de amparo colectivo con objetivo impeditivo de percepción fiscal de derechos de exportación, llamados comunmente «retenciones» y presuntamente acción de repetición de la percepción de los derechos de exportación sobre operaciones granarias realizadas desde el 1° de enero de 2022; la acción promovida por la Sociedad Rural de Jesús María Córdoba junto con la Sociedad Rural Argentina (1) genera interrogantes sobre su progreso, mas allá de jurídicas cuestiones técnicas procesales y la naturaleza de la acción judicial promovida no puede obviarse que un pronunciamiento positivo y el tránsito de naturales apelaciones que podrían llegar hasta la CSJN, discurre en un contexto político particular y económico sensible en el marco de las negociaciones con el FMI. De hecho resulta indiscutible que los derechos de exportación sin ley encuentra en el debate incuestionables visos de ilegalidad e inconstitucionalidad. Resulta complejo avizorar positivo progreso, sin descartarlo, ante situaciones políticas que sin duda influyen en los estrados judiciales federales y sus pronunciamientos muchas veces recurriendo a los atajos formales de rechazo, como por ejemplo aduciendo falta de legitimación activa de la actora sin pronunciarse sobre el fondo del planteo incoado.

Los Derechos de Exportación reconocen un sinuoso camino respecto de antecedentes históricos; la delegación legislativa y normativa aplicable: desde la sanción del Código Aduanero hasta la res. 125/2008 del Ministerio de Economía; los primeros antecedentes jurisprudenciales contra la reinstalación de los derechos de exportación; la caducidad de la delegación legislativa; el fallo «Camaronera Patagónica»; la supresión y reimplantación de los derechos de exportación; los recientes planteos judiciales y la reciente consolidación de los derechos de exportación; resulta didáctico remitir a la publicación «Derechos de exportación de productos agrícolas. Sus antecedentes históricos, su normativa aplicable y su jurisprudencia» de Federico Iribarren que realiza un detallado análisis.(2)

El núcleo jurídico de la acción debe localizarse que «con fecha 21 de diciembre de 2019, se sanciona la ley 27.541, la cual en su artículo 52, faculta al Poder Ejecutivo Nacional en el marco de los artículos 755 y concordantes de la ley 22.415 a fijar derechos de exportación cuya alícuota no supere en ningún caso el 33% del valor imponible o del precio oficial FOB, facultad que podrá ejercer hasta el 31 de diciembre de 2021»

Operado el vencimiento sin ley presupuestaria prorrogatoria resulta jurídicamente viable la impugnación promovida, entre otras opciones o estrategias procesales, ante el fuero federal hasta tanto se sancione la ley de otorgamiento de facultad, si bien pueda merecer objeciones, que le otorgaría, al Estado Nacional, el paraguas legal a la fecha del presente inexistente; es decir que la acción podría estar planteando la repetición de los derechos de exportación de operaciones realizadas durante la carencia de ley. La cuestión a dilucidar es quien es el sujeto tributario investido como legitimado para accionar, pues en principio son las exportadoras quienes serían las obligadas tributariamente si bien no son las lesionadas directas en sus derechos pues desplazan el importe del derecho de exportación a través del precio al productor agrario que es el real damnificado; el otro punto sería considerar que el proceso, una vez admitida la acción por el tribunal, insuma mayor tiempo al de sanción de nueva ley y que aún cuando se agoten todas las instancias procesales y pueda llegar a la CSJN se declare abstracta o eventualmente sólo pueda disponer la repetición de los derechos de exportación percibidos sin ley, cuestión que desconocemos a la fecha como ha sido planteada.

Entre los antecedentes se señala que «La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública (Nº 27.541) había determinado que hasta el 31 de diciembre de 2021 el presidente podría fijar alícuotas de hasta 33% para productos del complejo sojero y de hasta un 15% para el resto de los bienes agroindustriales.El artículo 81 del proyecto de Presupuesto 2022 proponía mantener esa atribución hasta el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, como tal proyecto finalmente no fue aprobado en el Congreso, entonces tanto la SRA como la Sociedad Rural de Jesús María entienden que desde el 1 de enero de 2022 no existe marco legal alguno que permita seguir implementando el cobro de derechos de exportación. «(3); a la fecha de la presente publicación no se conoce el texto completo de la acción promovida

«La producción de granos, harinas, aceites y biodiesel es la única que puede generar casi 29.000 millones de dólares anuales de exportaciones, ayudando a hacer frente a la restricción externa que sufre la economía nacional, la atención de los servicios de la deuda y ayudando a nanciar al resto de las actividades industriales, comerciales y de servicios que requieren divisas para importar y operar. El campo y la agroindustria ocupan hoy un rol central para la economía nacional» (3); el relevante y sustantivo aporte del sector agrario es innegable mas allá de impugnaciones o discursos denostativos de ciertos sectores urbanos o de la comunicación social imbuidos, si bien respetables, de cosmovisiones ideológicas del siglo XIX y XX desancladas de la realidad global como lo demuestra el proceso de «modernización» china, desde fines de los 70 y mas allá perduren objeciones a su sistema político exhibe un progresivo plan de adecuaciones de su estructura jurídica y económico-productiva, con positivo impacto en el desarrollo, crecimiento y movilidad social, que se consolida con su ingreso a organismos internacionales multilaterales, proceso que Eugenio Bregolat denomina «La Segunda Revolución China» (4).

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