La ocupación de lotes o fracciones de tierras por decretos Y ORDENANZAS municipales bonaerenses y prácticas confiscatorias vedadas BAJO MAQUILLAJE EXPROPIATORIO DE UTILIDAD PÚBLICA.

En el caso de la ordenanza de Avellaneda, un aspecto repugnable a básicos principios jurídicos de constitucionalidad como la disponer un ilegal “castigo tributario” por un terreno baldío o sin edificación terminada, pero la gravedad institucional extrema la encontramos en el artículo 10° que en caso de incumplimiento del propietario a la imposición municipal de “parcelación”, “edificación”, la ordenanza municipal dispone que “quedará declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación por la municipalidad” una facultad que se arroga irregularmente en base a un decreto ley de reprochable constitucionalidad.

PRODUCTORES AGRARIOS BONAERENSES, ASAMBLEA DE MAYORES CONTRIBUYENTES Y TASA VIAL MUNICIPAL

En el interior rural bonaerense la tasa para la conservación y reparación de la red vial municipal implica ingresos que oscilan entre el 28% y 40% del ingreso municipal de propia jurisdicción (sin contemplar los extra jurisdiccionales de coparticipación) invistiendo a los propietarios rurales de una indudable condición de “mayores contribuyentes municipales” de una tasa que es la mayor considerando todas las tasas, derechos y contribuciones municipales; en los últimos veinte años se advierte una progresiva tendencia de convertir a la tasa vial en un irregular impuesto municipal sin contraprestación proporcional a los contribuyentes que no poseen participación en la gestión salvo puntuales casos y menos aún en los procedimientos participación de los propietarios rurales en la creación, fijación de procedimientos para determinarla y aumentos de tasas que la constitución provincial y ley orgánica de las municipalidades habilita a través de la institución de la Asamblea de Mayores Contribuyentes.

Obras hidráulicas en jurisdicción municipal bonaerense. Estudio de Caso

La regulación normativa bonaerense exhibe la confluencia de normas anteriores a la sanción del Código de Aguas Ley 12257/99, exigiendo de ésta, una necesaria armonización con otras normas como es el caso de la ley 10106/83 que estableció un Régimen General en Materia Hidráulica, ley que conserva vigencia en los “Artículos 1º, 2º, 2º bis 3º, 5º, 16 y 18 de la Ley 10106; texto según Leyes 10385 y 10988” (art. 181º inc.c) de la Ley 12257 – Cargas y restricciones al dominio -)

AGROQUÍMICOS : HACIA UNA RACIONAL IMPLEMENTACIÓN NORMATIVA BONAERENSE.

A lo largo de casi una década, de ordenanzas municipales regulatorias, se fue instalando una percepción que hace creer que a mayor distancia, de prohibiciones y restricciones, constituye mayor seguridad cuando las investigaciones científicas y recomendaciones tecnológicas de organismos internacionales (ONU-FAO) y nacionales (INTA) indican que el factor central es el control y fiscalización de buenas prácticas de aplicación, entre ellas un factor central lo encontramos en las condiciones ambientales oportunas de aplicación (humedad relativa ambiente, temperatura, dirección y velocidad del viento) para eliminar peligros de derivas no sólo en zonas rurales periurbanas sino también en plenas zonas rurales.

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