LOS PRODUCTORES RURALES Y LAS DECISIONES AMBIENTALES.

Incorporar elementos de política ambiental en el sector agroproductivo no sólo no es complicado, sino que mucho de lo necesario ya está desarrollado y en aplicación si bien debe aún acentuarse y sometido a permanente actualización las Buenas Prácticas Agrarias (BPA) y supresión de malas prácticas que pueden afectar la salud humana y el ambiente, labor que desarrolla centralmente el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina y organizaciones técnicas de productores agrarios (AACREA, AAPRESID). Todos ellos aspectos muchas veces ignorado u ocultado por desinformación o información distorsionada, en muchos sectores urbanos, sobre la realidad de las prácticas agrarias. Unas últimas palabras sobre por qué hacerlo: debería comenzar el análisis de las ventajas comerciales derivadas de poder exhibir (e inclusive certificar por terceros independientes) el cumplimiento de normas sociales y ambientales.
Resulta de interés, a cuya lectura invitamos, el trabajo desarrollado por el biólogo e ingeniero agrónomo Jorge Adámoli (UBA- Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – Departamento de Ecología)

EL RÉGIMEN PARA LA PROMOCIÓN, DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA GANADERÍA OVINA Y DE LLAMAS EN ARGENTINA.

Por el carácter de la norma de fomento, promoción, incentivo, estímulos de beneficios económicos de subsidios o créditos para los sujetos que accedan al beneficio, la ley 25.422 no establecía monto anual, de aporte al fondo fiduciario; sí lo contemplan la ley 26.680 de 2011 y ley 27.646 de 2021, estableciendo un mínimo en pesos que dependerá de periódicas adecuaciones impuestas por la realidad económica argentina con una inflación endémica; para 2021 presupuestariamente se consignaba para el fondo fiduciario el 0,012% del presupuesto del orden global de $7.733. 816,7 millones, la participación porcentual, sobre total presupuestario, en 2011 representaba el 0,02% es decir que por la ley de 2021 se asignó un aporte porcentual presupuestario estatal del orden del 70% inferior al asignado en 2011.
Un aspecto que opera como desincentivo y que el Estado Nacional y provinciales tienen la facultad de morigerar es la alta presión tributaria general sobre toda actividad agraria y particularmente de sensible impacto en la producción ovina, ejemplo son el régimen del IVA con una alícuota general para compra de insumos para producir y contratación de servicios y una alícuota reducida al 50% para ventas de los productos ovinos generando distorsivos escenarios de saldos técnicos de compleja recuperación; a ello se suman los impuestos y tasas provinciales y/o municipales de alta incidencia, en los resultados económicos productivos, que el régimen original de la ley 25.422 eximía a los beneficiarios y que ha sido derogado por el nuevo régimen de la ley 27.646 como exigencia de adhesión de las provincias al régimen.

SECTOR AGRARIO Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN EN PUNTO CIEGO

La noticia de la interposición de acción de amparo colectivo con objetivo impeditivo de percepción fiscal de derechos de exportación, llamados comunmente «retenciones» y presuntamente acción de repetición de la percepción de los derechos de exportación sobre operaciones agrarias desde el 1° de enero de 2022, promovida por la Sociedad Rural de Jesús María Córdoba junto con la Sociedad Rural Argentina (1) genera interrogantes sobre su progreso, mas allá de jurídicas cuestiones técnicas procesales y la naturaleza de la acción judicial promovida no puede obviarse que un pronunciamiento positivo y el tránsito de naturales apelaciones que podría llegar hasta la CSJN transita un contexto político particular y económico sensible en el marco de las negociaciones con el FMI.

EL TRIGO Y LA SOJA HB4 Y LOS CUESTIONAMIENTOS A LA AGROBIOTECNOLOGÍA.

La agrobiotecnología moderna de la mano de la ingeniería genética afronta diversos frentes de reparos y oposiciones desde el imaginario social colectivo y de algunos sectores académicos muchas veces influenciados por cosmovisiones ideológicas más que por fundamentos científico – tecnológicos; a ello se agregan las naturales tensiones que los derechos

económicos de propiedad intelectual generan en la cadena de productos y
subproductos agrarios de fuente genéticamente modificada, cuestión que debe ser atentamente monitoreada para mitigar o eliminar mega concentraciones empresarias de producción construida sobre derechos económicos de propiedad intelectual exclusivos y excluyentes si bien temporalmente.

CARTA DE PORTE ELECTRÓNICA PARA EL TRANSPORTE DE GRANOS A PARTIR DEL 1°DE SETIEMBRE. SE CREA LA «CARTA DE PORTE AUTOMOTOR – FLETE CORTO».

La Resolución General Conjunta 5017/2021 de la Administración Federal de Ingresos Públicos, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y Ministerio de Transporte en su considerando establece «Que es prioridad del ESTADO NACIONAL el control de la trazabilidad de la cadena comercial de granos y ganado en todas sus etapas, resultando vital a estos fines la implementación de un sistema de fiscalización del transporte de los productos que la integran.» en realidad registra la incorporación de un sistema de emisión electrónica y una nueva categorías: la «carta de porte automotor – flete corto» de naturaleza optativa a la ya existente «carta de porte» de uso obligatorio si bien será una carta de porte electrónica (símil a la aplicada al transporte de ganados en pie por Documento de Traslado Electrónico – DTe), en el caso de flete corto debería gestionar electrónicamente por sistema fiscal para completar la carta de porte solicitada al organismo fiscal. Aún no existe anexo en la Resolución o disposición complementaria de implementación, especialmente la vinculada a la carta de porte automotor flete corto donde la emisión estará a cargo del «acopio mas cercano» (sea comercial o cooperativo) y el productor agrario operaría por el sistema de «aceptación» (se entiende sería «electrónica» por sistema fiscal al estilo de la aplicada al registro de contratos agrarios para producción agrícola) para emitir el «comprobante especial».

La ocupación de lotes o fracciones de tierras por decretos Y ORDENANZAS municipales bonaerenses y prácticas confiscatorias vedadas BAJO MAQUILLAJE EXPROPIATORIO DE UTILIDAD PÚBLICA.

En el caso de la ordenanza de Avellaneda, un aspecto repugnable a básicos principios jurídicos de constitucionalidad como la disponer un ilegal «castigo tributario» por un terreno baldío o sin edificación terminada, pero la gravedad institucional extrema la encontramos en el artículo 10° que en caso de incumplimiento del propietario a la imposición municipal de «parcelación», «edificación», la ordenanza municipal dispone que «quedará declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación por la municipalidad» una facultad que se arroga irregularmente en base a un decreto ley de reprochable constitucionalidad.

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